Los notarios y funcionarios públicos españoles, cuando sea necesario para la correcta ejecución de documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades extranjeras, podrán adecuar al ordenamiento español las instituciones jurídicas desconocidas en España, sustituyéndolas por otra u otras que tengan en nuestra legislación efectos equivalentes y persigan finalidades e intereses similares. Cualquier interesado podrá impugnar la adecuación efectuada directamente ante un órgano jurisdiccional.
Fuente: Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Texto consolidado del Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2015-8564), consultado el 14/11/2026.