1. Los documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades extranjeras serán ejecutables en España si lo son en su país de origen y no resultan contrarios al orden público.
2. A efectos de su ejecutabilidad en España deberán tener al menos la misma o equivalente eficacia que los expedidos o autorizados por autoridades españolas.
Fuente: Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Texto consolidado del Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2015-8564), consultado el 14/11/2026.