Contra las resoluciones que se dicten en su tramitación no cabrá recurso, salvo el de declaración inicial de incompetencia.
Fuente: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Texto consolidado del Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2011-15936), consultado el 14/11/2026.