Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.
Fuente: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Texto consolidado del Boletín Oficial del Estado (BOE-A-1998-16718), consultado el 14/11/2026.