Los recursos directos contra disposiciones generales gozarán de preferencia y, una vez conclusos, serán antepuestos para su votación y fallo a cualquier otro recurso contencioso-administrativo, sea cual fuere su instancia o grado, salvo el proceso especial de protección de derechos fundamentales.
Fuente: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Texto consolidado del Boletín Oficial del Estado (BOE-A-1998-16718), consultado el 14/11/2026.