Cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público.
Fuente: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Texto consolidado del Boletín Oficial del Estado (BOE-A-1998-16718), consultado el 14/11/2026.