Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo en todos los casos en que el representante legal del menor o la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad o el administrador de un patrimonio protegido necesite autorización o aprobación judicial para la validez de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a sus bienes o derechos o al patrimonio protegido, salvo que hubiera establecida una tramitación específica.
Fuente: Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Texto consolidado del Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2015-7391), consultado el 14/11/2026.