1. El presente capítulo se aplica a la práctica y obtención de pruebas en el extranjero para que surtan efecto en un procedimiento judicial en España, o en España para que surtan efecto en un proceso extranjero.
2. La prueba solicitada debe tener relación directa con un proceso ya iniciado o futuro.
3. Cuando se solicite en España la práctica de una prueba con anterioridad al inicio del procedimiento judicial extranjero, se exigirá que la práctica anticipada de la prueba sea admisible conforme a la legislación española.
La prueba practicada en España que haya de surtir efectos en un proceso extranjero deberá respetar las garantías previstas en la legislación española y practicarse conforme a la normativa procesal española.
Fuente: Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Texto consolidado del Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2015-8564), consultado el 14/11/2026.