Las autoridades españolas están habilitadas, con carácter general, para desplazarse a un Estado extranjero con el fin de llevar a cabo o intervenir en las diligencias procesales que deban practicar en dicho Estado. Estos desplazamientos se ajustarán, en todo caso, a lo previsto por la legislación específica.
Fuente: Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Texto consolidado del Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2015-8564), consultado el 14/11/2026.