Saltar al contenido

Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas (Ley 52/1997)

Artículo 7 de la Ley 52/1997

Disposición de la acción procesal

Capítulo II. Normas específicas sobre representación y defensa en juicio del Estado

Texto vigente · última modificación 03/01/2025 Ver en el BOE

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, para que el Abogado del Estado pueda válidamente desistir de acciones o recursos, apartarse de querellas, o allanarse a las pretensiones de la parte contraria, precisará autorización expresa de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, que deberá previamente, en todo caso, recabar informe del Departamento, Organismo o entidad pública correspondiente.

La firma de acuerdos amistosos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos corresponde al titular de la Abogacía General del Estado, con el visto bueno de los titulares del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Asuntos Exteriores.

2. El informe deberá ser emitido por la unidad competente por razón de la materia y, en su caso, por el órgano autor del acto objeto del proceso. Los informes deberán contener los motivos jurídicos que fundamentan la disposición de la acción procesal. En los procesos en los que se ventilen pretensiones sobre derechos de la Hacienda Pública de cuantía superior a un millón de euros, el Departamento, organismo o entidad pública deberá acompañar al informe sobre la propuesta de allanamiento o desistimiento una memoria con la estimación de sus consecuencias económicas para la Hacienda Pública. La memoria deberá ser emitida por la unidad competente por razón de la materia.

Fuente: Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. Texto consolidado del Boletín Oficial del Estado (BOE-A-1997-25338), consultado el 14/11/2026.

Test del artículo 7 de la Ley 52/1997 Sujetos · Media

¿Quién debe elaborar la memoria con la estimación de las consecuencias económicas para la Hacienda Pública?

Elige una respuesta

Has acertado. No es esa. La respuesta correcta es la C: La unidad competente por razón de la materia.

Artículo 7.2: la memoria la emite la unidad competente por razón de la materia. Ojo: no la emite la Abogacía General del Estado.

«La memoria deberá ser emitida por la unidad competente por razón de la materia»
Artículo 7.2 de la Ley 52/1997